La condena de Bolsonaro pondría fin a una larga tradición de impunidad para los golpistas en Brasil.
El juicio contra Jair Bolsonaro marca un momento sin precedentes en la historia de Brasil. La Fiscalía General lo acusa de haber cometido delitos de pertenencia a organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, entre otros. En conjunto, los cargos podrían traducirse en décadas de prisión. Nunca antes un exmandatario brasileño había comparecido ante la justicia por intentar un golpe.
Desde el siglo XIX, la historia política de Brasil estuvo marcada por la indulgencia hacia quienes amenazaban el orden democrático. Tras las numerosas conspiraciones fallidas durante los siglos XIX y XX, los responsables fueron generalmente perdonados o reincorporados a la vida política. Y en los casos en que los golpes triunfaron — tres veces solo en el siglo XX, en 1930, 1937 y 1964 — los líderes no enfrentaron castigo alguno, sino que consolidaron su poder. El intento golpista de 2022-2023 es, por tanto, el primer episodio en que el Poder Judicial busca crear un precedente claro: que no habrá tolerancia con quienes pretendan subvertir el orden democrático. Después del Plano Real (que estabilizó la economía y frenó la hiperinflación), la creación del Sistema Único de Salud (SUS) (que garantizó el acceso universal a la sanidad) y Bolsa Familia (que transformó la política social con transferencias condicionadas de ingresos), este podría ser uno de los mayores pasos en una generación para hacer de Brasil un país más justo, democrático, estable y próspero.
La condena de Bolsonaro es considerada por juristas como altamente probable. Pero el desenlace judicial no cierra por sí solo la cuestión política. El Congreso brasileño, dominado por grupos de derecha, conserva la facultad teórica de aprobar una ley de amnistía —un escenario hoy improbable, aunque políticos bolsonaristas ya discuten fórmulas intermedias, como permitir que Bolsonaro cumpla condena en un régimen menos estricto o quede en libertad sin recuperar sus derechos políticos. Tales hipótesis podrían ser cuestionadas por el Supremo Tribunal Federal, que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de cualquier amnistía.
